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Propuestas de planes de gobierno

Planes de gobierno inclusivos con la comunidad LGBTIQ

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Foto: Perú 21

En estos últimos años, muchas personas hemos podido ver con emoción y esperanza una corriente de cambio alrededor del mundo en torno al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero/transexuales/travestis, intersexuales y las distintas identidades que componen la diversidad sexual no heterosexual. Actualmente veinte países en los cinco continentes reconocen el matrimonio y la unión civil legalmente igualitarios para parejas del mismo sexo, hay una emergente discusión sobre las demandas de las personas trans*, cada vez más personas hacen frente públicamente a situaciones de discriminación, y la visibilidad de las personas LGBTIQ en cine, televisión y teatro es más amplia y frecuente. A pesar de que en nuestro país estamos empezando a ver nuevos pasos en dirección al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ y la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género, principalmente impulsado por activistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos informados, desde el aparato político social y estatal el avance ha sido magro y reticente.

 

Siendo los partidos políticos una caja de resonancia de la realidad social de nuestro país, no sorprende que desde estos mismos espacios no se impulse, en la mayoría de los casos, una agenda política integral y transversal de diálogo, debate e inserción de la problemática LGBTIQ que se vea reflejada en planes de gobierno inclusivos, impulsados por líderes verdaderamente comprometidos con lograr que todas y todos seamos iguales, en todo sentido de la palabra. Frente al escenario de una nueva campaña electoral preguntémonos: ¿qué acciones deberían incluir los planes de gobierno para reconocer, incluir y proteger a la comunidad LGBTIQ peruana?

 

Protección de parejas de hecho y familias homoparentales

 

Tras el archivamiento del proyecto de ley de Unión Civil en la Comisión de Justicia y DD.HH. del Congreso de la República, las parejas del mismo sexo continúan expuestas a situaciones discriminatorias derivadas de la falta de legislación adecuada que las proteja legal y socialmente. No existe una estadística oficial sobre el número de parejas del mismo sexo en nuestro país puesto que hasta el Censo de Empadronamiento de Lima y Callao del 2013 el INEI ordenó no considerar a las parejas del mismo sexo como parejas o familias. Los partidos políticos y sus candidatos deben entender que no puede pasar un nuevo período de gobierno sin reconocer a las parejas del mismo sexo y a sus familias homoparentales dentro de sus planes, proponiendo como estándar mínimo incluirlas en la Unión de Hecho y otorgándoles el mismo nivel de protección legal que brinda esta figura: tras casi dos años de debate nacional, y viendo cómo los demás países de la región continúan reconociendo más derechos a la comunidad LGBTIQ, no debería haber agrupación política que no incluya aunque sea la unión de hecho para las parejas del mismo sexo. Sin embargo, esto no debe evitar que, si se trata de garantizar la igualdad de todas las parejas, entonces la verdadera igualdad está en la inclusión de las parejas del mismo sexo en el matrimonio civil: es a esta figura a la que deben apuntar, sin temores ni vacilaciones. No debe haber miedo en reconocer que si el amor es igual para todos, iguales deben ser las protecciones legales derivadas del mismo.

 

Nicolás tiene dos papás. Imagen: movilh.cl

 

Acciones para erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género

 

En un país como el Perú, vivir abiertamente una sexualidad diversa y/o una identidad de género que no se ajuste a lo convencional se puede tomar como un acto de coraje: nuestra sociedad no tiene reparos en encontrar motivos para discriminar, y la población LGBTIQ es particularmente vulnerable a sufrir distintos tipos de violencia y discriminación constante y desmesurada. La gran mayoría de personas con una sexualidad diversa sufren discriminación y acoso en sus propios hogares, perpetrado por sus padres, hermanos y familiares directos: la familia es la primera ejecutora de discriminación por orientación sexual e identidad de género de millones de personas. No existe legislación que proteja específicamente a una persona LGBTIQ de ser tratada injustamente en su centro laboral por su orientación sexual y/o identidad de género. El bullying homofóbico es perversamente constante y extendido en nuestro sistema educativo, sin que se implementen acciones efectivas para asegurar que niños y adolescentes LGBTIQ no sean víctimas de acoso y hostigamiento. El Estado tiene la obligación no solo de garantizar el derecho a la vida, sino a que esta sea llevada con dignidad, y esta obligación no se cumplirá a cabalidad mientras no haya un reconocimiento y tratamiento integral e intersectorial desde los organismos del Estado de las distintas formas de violencia que se ejercen sobre las personas LGBTIQ. Debe haber un compromiso firme reflejado desde la concepción de los planes de gobierno, para lo cual la asesoría de la propia comunidad en el entendimiento de estas formas de violencia es trascendental.

 

Protección de las personas transgénero: reconocimiento de su identidad y sus derechos

 

La población de mujeres y hombres trans* es, sin lugar a duda, especialmente vulnerable a muchísimas formas de violencia institucional, psicológica, física y de otra índole. El Estado es uno de los principales responsables de que las personas trans* carezcan de un mínimo de condiciones que les permita vivir con plena libertad, justicia y dignidad, puesto que no ofrece ninguna garantía de que su desenvolvimiento en la sociedad y la ciudad se realice en igualdad de condiciones con las personas cuya identidad de género corresponde a su sexo biológico. Muchas mujeres trans* se ven obligadas a recurrir al trabajo sexual debido a que en el sistema laboral no encuentran lugar para ellas por causas de discriminación, prejuicio y vacío legal. Esta falta de inserción laboral también afecta a los hombres trans*, y en general la población transgénero/transexual/travesti es más vulnerable a sufrir violencia y acoso que cualquier otra persona, y en mayor proporción pueden sufrir intentos de asesinato. Un aparato estatal justo debe fomentar la inserción de estas personas en programas de reconocimiento social y legal, tales como la impulsión de una ley de identidad de género que reconozca plenamente sus derechos, les otorgue protección ante el abuso arbitrario e institucional, y garantice que se desenvuelvan en la sociedad como seres humanos plenos, reconocidos y protegidos.

 

Educación pública y privada respetuosa de la diversidad sexual

 

Adoptar un enfoque diverso en la educación pública y privada debe ser un eje importante para construir una sociedad respetuosa e inclusiva con la diversidad sexual. Actualmente, por muchas trabas y obstáculos, la educación sexual que los jóvenes reciben se centra en el aspecto reproductivo de la sexualidad con una visión que solo aplica a la heterosexualidad. Así, miles de jóvenes LGBTIQ carecen de información confiable para desarrollar su sexualidad con plenitud cuando proveer esta información es una obligación del Estado. Es una situación injusta que niños y jóvenes LGBTIQ no se vean representados en el sistema educativo, pasando todo su tránsito por la escuela sin referentes educativos e invisibilizándose sus identidades, lo cual solamente fomenta que se extienda la desinformación, y con ella la intolerancia y discriminación, sobre la diversidad sexual.

 

Acceso inclusivo a la salud física y mental sin discriminación

 

A pesar de que también es una obligación del Estado, no todas las personas LGBTIQ pueden acceder integralmente al disfrute de la salud física y mental. Tanto en el sector público como en el privado persisten conductas discriminatorias que ocasionan negligencias y vulneraciones a personas por su orientación sexual y/o identidad de género. Escuchar que médicos voluntariamente recetan cremas con mentol a jóvenes homosexuales para tratar desgarros anales sabiendo que les van a causar más dolor o que asumen prejuiciosamente que cuando un hombre gay o bisexual acude a un hospital es porque debe tener VIH, que ginecólogas hacen caso omiso de las indicaciones de sus pacientes lesbianas de usar espéculos pequeños en los exámenes exploratorios, o que médicos y enfermeras se niegan a atender a mujeres trans* que llegan a salas de emergencia con todo tipo de dolencias o accidentes y las exponen negligentemente a muertes evitables debería ser un indicador de que hay algo muy perverso en el sistema de salud que solamente se manifiesta en el trato a las personas LGBTIQ. El Estado debe garantizar que cada persona tenga pleno acceso a servicios de salud sexual, física y mental sin ningún tipo de discriminación.

 

Participación política inclusiva y postura firme del gobierno

 

La participación política de la comunidad LGBTIQ tiene una gran importancia en el desarrollo de la sociedad justa e igualitaria que buscamos, pues es en la esfera del ejercicio político donde se gestan las herramientas que servirán para incluir a las personas LGBTIQ en la vida social con dignidad. El Estado tiene la obligación y el reto de fomentar que miembros de nuestra comunidad participemos de la elaboración de políticas públicas inclusivas, transmitiendo las necesidades de este sector de la población y asegurando que las leyes no sean discriminatorias. A través de las reformas electorales podemos mejorar la influencia de representantes de la comunidad en la formulación de políticas públicas, implementando un sistema de cuotas que permita un grado tangible de representatividad política que tenga una mayor oportunidad de generar resultados favorables. Todas estas medidas tendrán el mayor impacto posible en la medida que los representantes del gobierno y la presidencia impulsen personalmente y desde sus posiciones privilegiadas una cultura de respeto e integración con la diversidad sexual: casos como los de Chile y EE.UU., donde sus presidentes han impulsado frontalmente la aprobación de leyes en favor de su población LGBTIQ demuestran que un jefe o jefa de gobierno puede y debe sentar una postura favorable a que la ley nacional resuelva las injusticias que persisten contra las personas LGBTIQ: es a través de este liderazgo que se incrementan las posibilidades de conquistar y conservar derechos.

 

Desde hace décadas la comunidad LGBTIQ peruana continúa impulsando acciones de incidencia para lograr la inclusión de nuestras necesidades en las políticas públicas de nuestro país, y que estos logros se traduzcan en cambios sociales que permitan poder llevar vidas plenas y dignas. Los partidos políticos deben reflejar estas preocupaciones y hacerlas suyas, acercándose a la comunidad LGBTIQ para escuchar nuestras demandas, incluyendo representantes de la comunidad en cargos y candidaturas políticas, y elaborando planes de gobierno y lineamientos institucionales internos inclusivos con la comunidad LGBTIQ serán acciones valiosas que permitirán abrir nuevos caminos hacia la construcción de un Perú justo, diverso e igualitario.

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